En México, "holocausto" centroamericano
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.
Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.
Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.
El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.
El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.
Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.
Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.
Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.
Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.
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